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jueves, 11 de marzo de 2010

LA NACIÓN MAPUCHE CHILENA, ¡ 500 AÑOS DE RESISTENCIA !


artículo de Le Monde Diplomatique copiado de http://www.insumisos.com






Los mapuches chilenos, asesinados a fuego lento


El gobierno chileno multiplica tenazmente las presiones sobre España y Gran Bretaña para evitar al general Pinochet el proceso al que con justicia está destinado. En un gesto de mal humor hacia Madrid, el presidente Eduardo Frei, apoyado por su homólogo argentino Carlos Menem, anunció que no participará de la IX Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre próximo en Cuba. Pero las preocupaciones del gobierno chileno sobre derechos humanos no alcanzan a los indios mapuches: librados a los apetitos de firmas nacionales e internacionales, sus reivindicaciones son reprimidas sin piedad.

"Puercos" , "perros" , "indios de mierda" , "indio hijo de puta" … Los métodos y el lenguaje de las fuerzas especiales de policía y carabineros chilenos no evolucionaron nada desde aquel 11 de septiembre de 1973 en que fue derribado el presidente Salvador Allende y encarcelados miles de militantes de la Unidad Popular. En dos días, el 18 y 19 de febrero de 1999, 43 indios mapuches, militantes ecologistas y estudiantes que los apoyaban fueron detenidos en las provincias de Bío Bío y Traiguen. La brutal represión que precedió a la búsqueda de supuestos "terroristas" , dejó más de 30 heridos, algunos de ellos en estado grave. En marzo, la situación empeoró. Alrededor de cien detenciones, una decena de heridos y pérdidas estimadas en varios miles de dólares son la consecuencia de las operaciones combinadas de cuerpos de carabineros y guardias privadas de empresas forestales que pretendían terminar a su manera con la reivindicación de los mapuches sobre sus territorios ancestrales. Presidente de la Corporación de la madera, José Ignacio Letamendi declaró categóricamente: "Bajo ningún pretexto, y no importan cuáles sean las circunstancias, le devolveremos la tierra a los mapuches que son incapaces de cultivarla"1.
Del 20 de mayo al 17 de junio miles de esos mapuches recorrieron a pie los 637 kilómetros que separan la ciudad de Temuco, en el centro de su territorio, de la de Santiago, la capital chilena. Pretendían atraer la atención sobre la ocupación de sus tierras, el desplazamiento de sus poblaciones, el deterioro de sus condiciones de vida y la modificación sustancial del equilibrio ecológico de la región donde viven.
Los principales objetivos de la movilización mapuche son los grupos económicos Angelini y Matte-Larraín, responsables de la ocupación de territorios indios y de diversos actos de violencia, especialmente la sociedad Forestal Mininco, propiedad del segundo de estos grupos, que derribó los bosques de Traiguén y Lumako pertenecientes desde épocas inmemoriales a las comunidades indígenas. También denunciaron (esta vez con éxito, al menos por ahora) a la empresa de electricidad Enersis, dependiente de capitales españoles (Endesa), que erige un inmenso lago artificial de 3.467 hectáreas de superficie y 155 metros de profundidad para retener las aguas del río Bío Bío en las alturas de la cordillera de los Andes, modificando radicalmente el equilibrio de la zona e inundando las tierras de las comunidades. A principios de septiembre, el titular del 6º juzgado civil de Santiago, Mario Carroza, escuchó los reclamos mapuches y ordenó la suspensión inmediata de las obras de la represa2.
A la "larga marcha" de los mapuches a Santiago siguieron durante todo el invierno y el principio de la primavera austral múltiples manifestaciones que dieron lugar a otras tantas operaciones de represión. Sin embargo, una de las organizaciones de las comunidades mapuches anunció: "Estas movilizaciones continuarán en la medida en que el gobierno chileno se niegue a escuchar nuestras demandas y no se comprometa a una salida política favorable a nuestro pueblo… "3.
Las comunidades huentechehuilichelabfquenchenagche y pehuenche, desparramadas en las provincias de Arauco, Bío Bío, Cautín, Chiloé, Malleco, Osorno y Valdivia, situadas en el extremo sur del territorio chileno, y la comunidad puelche, que vive en la pampa de la República Argentina, constituyen en su conjunto el pueblo mapuche, que se autodefine a partir de sus relaciones con la tierra: mapu=tierra; che=hombre. Su conflicto con las empresas forestales no hace más que expresar, bajo otras formas, las luchas que "estos primeros guerrilleros de América Latina"4 libraron durante cinco siglos por la defensa de sus tierras, primero contra el Imperio Inca, luego contra el de España y, desde el siglo XIX, contra la oligarquía chilena. Luchas que encuentran un punto de inflexión en 1641, cuando el Acuerdo de Quilín amputa 20 de los 30 millones de hectáreas de su territorio, superficie que será incorporada al Chile colonial. Desde entonces, los mapuches son empujados hacia el sur del Bío Bío, el gran río, especie deno man´s land (tierra de nadie), frontera natural de sus territorios…
Estas luchas, abiertas o larvadas, serán recuperadas trescientos años más tarde por el aparato cultural de la oligarquía chilena, que reivindica como suya la bravura de los mapuches en la lucha contra los españoles, al mismo tiempo que se apropia de su tierra y hace de la palabra "indio" un vocablo fuertemente despreciativo. El motor de esta doble usurpación reside en la sed de nuevas tierras dedicadas al cultivo de trigo para exportar a los mercados de Australia y California. En 1881 se produce la ocupación militar de tierras mapuches y el genocidio que la historia oficial chilena califica eufemísticamente como "pacificación del Arauco"5.
Con excepción del gobierno del Frente Popular (1938-41) y el de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-73), dos verdaderos paréntesis en la historia de Chile, la evolución ulterior de la República no cambió nada sus tendencias. Al contrario, el proceso de expropiación de tierras mapuches se aceleró durante la dictadura militar de Augusto Pinochet6. En 1974, éste promulgó la ley 701, por la que 300.000 hectáreas asignadas por la reforma agraria de Salvador Allende a los miembros de comunidades indígenas fueron expropiadas, compradas o concedidas a empresas forestales o a antiguos latifundistas de la zona7. Desde que acabó la dictadura, en 1989, los dos gobiernos sucesivos de la Concertación (demócratas cristianos y socialistas), siguieron en esa línea modificando la estructura de la propiedad agraria y favoreciendo abiertamente la implantación de empresas forestales ligadas a capitales internacionales.

Implacable lógica económica

Así, en el marco del aumento de la demanda mundial de madera y sus derivados, dos conglomerados, los grupos económicos Matte-Larraín y Angelini, transformaron el territorio mapuche en coto de caza. El primero de ellos, a través de empresas forestales como Aserraderos Mininco, Servicios Forestales Escuadrón, Inmobiliaria Pinares, Sociedad Forestal Crecex S.A, Forestal Río Vergara y Agrícola y Ganadera Monteverde, controla más del 40% de la producción y la exportación de madera en la región mapuche. El segundo es propietario, junto al conglomerado estadounidense International Paper y el grupo neozelandés Carter Holt Harvey, de las empresas Celarauco, Forestal Cholguán y Aserraderos Arauco. Estas últimas, con sus filiales Celulosa Arauco y Constitución y sus 107 millones de dólares en cifras de ventas, representan por sí solos el 24% de la cantidad total de madera mapuche exportada a EE.UU., Japón, China y Corea del Sur8.
La implantación de los grupos Matte-Larraín y Angelini fue posible gracias al modelo económico impuesto militarmente por la dictadura y perfeccionado luego por la Concertación: salarios muy reducidos, prohibición del derecho de huelga, ausencia de toda protección legal para los trabajadores -en su mayoría mapuches- garantía de que toda protesta será reprimida manu militari y, sobre todo, disposiciones legales que permiten la explotación de maderas de una riqueza ancestral (la encina, el maieo, el roble, el raulí), en plazos tan cortos que, según los estudios científicos, no garantizan ciclos de regeneración9.
Entre 1967 y 1997, esta lógica provocó un aumento de 53% del área de explotación forestal en la región mapuche, en total 11.677.000 hectáreas10. Al mismo tiempo, la superficie destinada a cultivo del trigo y del maíz para el consumo directo de las comunidades se redujo respectivamente en 29% y 21%11. El Catastro de Bosque Nativo realizado recientemente por la Corporación nacional de bosque (Conaf, organismo gubernamental), indica por su parte que la vegetación natural que existía en los territorios mapuches "fue deteriorada por la lluvia de productos químicos así como por los incendios" , incluso por los efectos del sulfato de azufre, del cloro y del petróleo utilizado en la transformación de la madera en celulosa12.
La desaparición de la vegetación natural provoca a su vez un deterioro creciente de la calidad del suelo. La Conaf reconoce que en la región mapuche "el 75% de los suelos productivos presentan diversos grados de erosión, de los cuales el 98% son causados por la acción humana" . El estudio establece además que la "pobreza y la vida rural tienen efectos negativos sobre el suelo, al que no se le da descanso y sobre el cual no se cultiva más que para las necesidades alimentarias inmediatas" . Además, un verdadero censo forestal sólo se hace una vez cada 20 años; en consecuencia, la totalidad de estas cifras deben ser leídas en alza.

Cinco siglos de lucha

"Las empresas forestales no producen recursos a nivel comunal y no favorecen el empleo de trabajadores de la región" , comenta el dirigente mapuche Adolfo Millabur-ancuil. "No pagan impuesto de ningún tipo; al contrario, a través del decreto-ley 701, son subvencionadas por el Estado, que les reembolsa los capitales invertidos en proporción a las hectáreas cultivadas… Sus camiones y sus máquinas pesadas destruyen los caminos sin ninguna consideración por las personas que viven aquí "13.
El impacto de la explotación forestal, que reduce el espacio vital destinado a los cultivos de subsistencia y deteriora la calidad del suelo, provoca la migración forzada de la población hacia las ciudades: más del 45% de la población mapuche, esto es, 500.000 personas, viven en Santiago. Se acentúa además la destrucción de las relaciones de las comunidades mapuches con la tierra, fuente de subsistencia pero también base material de su memoria colectiva. La tierra es el lugar donde yacen sus ancestros y donde moran sus dioses, mito fundador y punto de partida de la representación simbólica, fundamento ritual y elemento constitutivo de su identidad…
Sumándose a la historia de cinco siglos de luchas, la marcha de miles de mapuches de Temuco a Santiago y las manifestaciones que la siguieron, plantea entonces una vez más el problema de la doble defensa de la tierra y de la existencia misma de las comunidades indígenas. En esta ocasión, el gobierno de la Concertación actuó como si el conflicto no le concerniera. El ministro de planificación Germán Quintana declaró que "los mapuches deben discutir sus problemas con los partidos políticos y no con el gobierno"14. El presidente de la República, el demócrata cristiano Eduardo Frei, se negó a recibir al dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, y a una delegación que quería entregarle un documento que contenía algunas propuestas para la solución del conflicto.
Luchas circunscriptas a una pequeña región, luchas meridionales en un continente ya meridional, luchas en apariencia muy arcaicas…15. Sin embargo, al hablar su lengua, al defender su cultura y al diseñar una pista importante para encontrar las formas de organización social necesarias al próximo milenio, los mapuches participan, in actu, de las mismas luchas que los zapatistas de Chiapas, los brasileños del Movimiento de los Sin Tierra y la especie humana por la supervivencia del planeta16.
  1. Punto Final, Santiago de Chile, marzo 1999.
  2. Francesc Relea, "Líderes indígenas chilenos negocian… ", El País, Madrid, 15-9-99.
  3. Emarichiweu! ("Diez veces nosotros vencemos! "), Comunicado público de la coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, Territorio Mapuche, 27-7-99.
  4. Luis Sepúlveda, Patagonia Express, Tusquets, Barcelona, 1996, pág. 97.
  5. "Araucano" (de la región de Arauco), nombre que dan españoles y chilenos a los Mapuches.
  6. Las leyes Nº 2568 y 2750 sobre divisiones de tierras comunales.
  7. Agencia Latino Americana de Información (ALAI), Quito Ecuador, 12-4-99.
  8. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), "Forest area" en Statiscal yearbook for Latin America and the Caribbean, Naciones Unidas, 1998.
  9. Nicolo Gligo, "Situación y perspectivas ambientales en América Latina" , en Revista de la CEPAL, Nº 55, Santiago de Chile, abril de 1995.
  10. CEPAL, "Forest area" , en Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean, op. cit.
  11. CEPAL, "Quantum indexes of agricultural production" y "Mize production" en Statistical yearbook for Latin America and the caribbean, op.cit.
  12. Catastro de Bosque Nativo, Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile, 1999.
  13. Punto Final, Santiago de Chile, 14-4-99.
  14. La tercera, Santiago de Chile, 20-6-99.
  15. Para saber más: http://www.soc.uu.se/mapuche.
  16. Cada año, 3,5 millones de hectáreas de la riqueza forestal de América Latina, más del 60% de la cantidad cortada en el planeta, se incorporan a las exportaciones de madera llamada "dura" (hardwoods). Ver Bertrand Charrier, Bataille pour la planète, Economica, París, 1997.
Autor/esJaime Massardo
Publicado enEdición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 4 - Octubre 1999
Páginas:42, 43
TraducciónYanina Guthmann
TemasGenocidioMinoríasDeuda ExternaMundialización (Economía),NeoliberalismoDerechos HumanosPolíticas Locales
PaísesArgentinaCubaAustraliaChileEcuadorChinaCorea del SurJapónEspaña

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copiado de REBELIÓN   www.rebelion.org

La guerra contra los mapuches



Las noticias que llegan de Chile no son alentadoras. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios. Pero esto no es nuevo. Durante el mandato de Jorge Alessandri, en los años 60 del siglo XX, un terrateniente perteneciente a la vieja escuela permitió a sus pares seguir con la usurpación de los territorios mapuches. Igualmente, bajo su gobierno, se consumó el exterminio de los indígenas patagones. Desaparecieron sin que se derramase una lágrima. Salvo en documentales, nadie recuerda su existencia. Algo similar ocurre con los indígenas onas en el extremo austral. Su población disminuye constantemente. Pero esto sigue y suma. En el periodo dictatorial, al tiempo que se tortura, asesina y desarticulan las organizaciones indígenas, se enajenan las tierras comunales, distribuyéndose entre los hacendados pinochetistas. En los años 90, cuando muchos saludaban el fin de la dictadura y auguraban tiempos mejores, el pueblo mapuche seguiría acosado y perseguido. Se criminalizan sus reivindicaciones y se da rienda suelta a una de las más feroces represiones ejercidas por gobiernos electos democráticamente. Su impulsor será el entonces ministro de agricultura de Patricio Alywin, Juan Agustín Figueroa, gran latifundista y con intereses económicos en los territorios mapuches, donde tiene sus propiedades. Fue el inductor de aplicar las leyes antiterroristas que han llevado a la cárcel a más de 50 lonkos y justificado la tortura a manos de las fuerzas de orden público. Esta política siguió bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, con la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco. Su puesta en funcionamiento acabaría por destruir el patrimonio cultural de los pehuenches, dejando bajo sus aguas una parte fundamental de su arquitectura, cementerios y centros de culto. El etnocidio se consuma. Fueron presionados, violentados y obligados a trasladarse a las regiones altas de la cordillera de los Andes con temperaturas inferiores a cinco grados bajo cero en invierno. No sólo les quitaron sus pertenencias y territorios, han roto su ecosistema y profundizado su pobreza. Endesa, la empresa propietaria, se lava las manos amparándose en las leyes vigentes que avalaron el proyecto.Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, los estrategas chilenos estudiaron posibles conflictos emergentes. En un viaje de Estado, se presentaron en México acompañados por el embajador de Chile. Se reunieron con las autoridades de Gobernación para empaparse de la estrategia contrainsurgente desplegada en Chiapas contra el EZLN. Había que estar prevenidos y tomar ejemplo. Las autoridades chilenas siguieron las instrucciones al pie de la letra. No se cortaron un pelo, militarizaron la región buscando desarticular las comunidades y encarcelar a sus líderes naturales. De paso crearon organizaciones bastardas con las cuales negociaron la venta y el desalojo de los territorios pehuenches. Un diseño sin fisuras. Tras la inauguración de la presa, los nuevos asentamientos no tienen luz eléctrica y su costo es prohibitivo. La presa Ralco no iba a producir electricidad para la población, se trataba de beneficiar a las industrias contaminantes de la minería y la celulosa de papel. El daño al medioambiente de la región es irreversible.
Pero este robo y expropiación de las tierras a los pueblos originarios no es nuevo en la sociedad chilena, y se remonta al siglo XIX con el proceso de pacificación de la Araucanía. Eduardo Mella en el excelente libro publicado por editorial LOM Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, señala su significado: “la ocupación de la Araucanía implicó para el Estado la anexión de casi 5 millones de hectáreas y para los mapuches la reducción a menos de 5 por ciento de lo que fue su territorio ancestral (…) con la reducción territorial, alrededor de 40 mil mapuches no fueron radicados en territorio alguno. El mapuche fue obligado a subsistir en pequeños espacios de superficies, inferiores a 6.18 hectáreas por persona promedio”. Así, la pacificación consolida la usurpación desconociendo de los derechos de posesión y propiedad del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. En consonancia, reconoce títulos de propiedad fraudulentos a los nuevos colonos y viejos terratenientes.
Hoy, cuando la presidenta Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Bachelett ha superado a Ricardo Lagos en su política de nuevo trato a los mapuches. Da una vuelta de tuerca y deja impunes a los autores del acoso a los niños mapuches. Ahora, intimidados, se les hace presenciar las palizas a sus padres, se les esposa, golpea y maltrata. Se les amenaza con matarlos si no delatan a los defensores de los derechos del pueblo mapuche en su comunidad. Existen más de una docena de casos contrastados por Naciones Unidas. Un ejemplo es el acaecido en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas. Allí el menor de 14 años F. P. M. fue tiroteado con perdigones, golpeado, subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba los nombres de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defiende con estos argumentos: algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y mujeres como escudos. Versión similar a la aportada por el general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía. Los menores atacan a carabineros o han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales. Seguramente la máxima del gobierno de Bachelet no dista de la acuñada por las oligarquías del siglo XIX para justificar el exterminio de los pueblos originarios: civilización o barbarie.

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/12/index.php?section=opinion&article=026a1m

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